La época del terror en el Perú dejó más afectados que las dictaduras de Argentina, Chile y casi tantos como en las guerras civiles de países de Centroamérica.
“Sus nombres se transformaron en números”.
Cita de incorporación del archivo del Yad Vashem al Programa Memoria del Mundo de la Unesco.
El 17 de mayo de 1980 en Chuschi, un olvidado pueblo de los Andes al pie del río Pampas, empezó una de las épocas más sangrientas y traumáticas vividas por el Perú republicano. Temporada oscura que solo puede ser comparada con los años de la cruenta guerra con Chile y la ocupación de Lima en el siglo XIX. Desde aquella fecha aciaga, origen de la arremetida de la organización terrorista Sendero Luminoso contra el Estado, hasta la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori en el 2000, el país vivió casi en las sombras respecto de la cantidad aproximada de las víctimas producto del conflicto interno desatado por la prédica violentista de un viejo profesor de filosofía llamado Abimael Guzmán.
Hoy, luego de que la justicia de Perú condenara a prisión a dos altos mandos militares por los asesinatos ilegales en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho en los ‘80 (uno de los casos más dramáticos del conflicto), Ojo-Publico.com lanza Proyecto Memoria, plataforma desarrollada a un año del 15º aniversario de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), con el objetivo de narrar historias de la violencia en base a los datos masivos de las afectaciones ocurridas entre 1980 y el 2000. En el estreno de este especial publicamos las cifras completas de la principal herramienta para vislumbrar el trágico abismo de lo ocurrido: el Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La documentación del RUV, heredera de millones de legajos de la CVR, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fue incluida en el Programa Memoria del Mundo de la Unesco en noviembre del 2016, un hecho que casi pasó desapercibido. Estos papeles de la verdad en tiempos de la violencia –hoy patrimonio documental de la humanidad junto a los archivos del terror de las dictaduras del Plan Cóndor en Sudamérica; del Jemer Rojo en Camboya; de la invasión japonesa de China y del holocausto israelí en la Segunda Guerra Mundial– concluyen que la ofensiva de Sendero Luminoso y del MRTA contra el Estado dejó más de 148 mil víctimas. Gran parte de ellos afectados por el desplazamiento forzoso y la tortura, así como asesinados y desaparecidos.
"El conflicto dejó 148 mil víctimas, entre muertos, desaparecidos, torturados y desplazados por la violencia"
En los últimos meses Ojo-Publico.com trabajó con esta tumba de datos, como ejercicio de memoria desde la perspectiva de la tecnología aplicada al periodismo, y conoció que hay 33 mil peruanos registrados como muertos o desaparecidos. Las cifras grafican la extensión del terror. De las montañas de Ayacucho, siguiendo el río Pampas hasta Apurímac por el sur, y del valle de Huanta hasta la repartición que conduce a los abismos de la Oreja del Perro o a la selva de Pangoa. De los Andes a la Carretera Central y de ahí a los centros mineros de La Oroya que alcanzan la cuenca del Huallaga. Cuando el país entró en metástasis, la violencia llegaba a las ciudades de la Amazonía y había penetrado de los asentamientos humanos de las periferias hasta el corazón de Lima.
CEMENTERIO MILITAR. Vista panorámica de uno de los mayores sitios de entierros clandestinos en Ayacucho: la base de Los Cabitos, centro de operaciones en la lucha contra Sendero Luminoso. / Ojo-Publico.com
Entre las 33 mil víctimas mortales que hemos identificado en el RUV (24 mil fallecidos y 9 mil desaparecidos) figuran afectados en los mayores casos de violaciones de los derechos humanos de la época: las ejecuciones extrajudiciales y entierros clandestinos en el cuartel del Ejército Los Cabitos (1983-1985) y las masacres de poblaciones enteras en las localidades de Putis y Soras (ambas en 1984 en Ayacucho), así como el arrasamiento militar en el río Huallaga (en Huánuco, 1993) y la matanza en el valle de Tsiriari en Mazamari (en Junín, 1993).
Sin embargo, los casos más conocidos por la opinión pública, algunos de ellos difundidos por los medios de comunicación y entregados por la CVR a la justicia en el 2003, apenas representan una pequeña parte de la gran cantidad de las afectaciones que hasta ahora se mantienen impunes, como se observa en la presente visualización.
El principal archivo de datos sobre la violencia revela detalles de la hora más oscura del Perú. De los 33 mil casos de víctimas fatales, 12% corresponden a menores de edad, 38% ocurrieron en tres años, 1984, 1989 y 1990 (en los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y el inicio del régimen de Alberto Fujimori), 70% acontecieron en Ayacucho (cuna de Sendero Luminoso y la región más golpeada del país), Huánuco y Junín; mientras que el 92% afectó a civiles.
La cifra de 33 mil peruanos ausentes supera largamente las casi 24 mil víctimas mortales identificadas por la CVR en el 2003 y representa uno de los mayores dramas de América ya que rebasa el mismo tipo de afectación causada por las dictaduras militares de Chile y Argentina e iguala a las ocurridas en El Salvador y Guatemala entre los años ‘70 y ‘90.
"Hay 33 mil personas registradas como víctimas mortales: 24 mil fallecidos y 9 mil desaparecidos"
Los archivos de la violencia, que actualmente reposan en decenas de cajas almacenadas en la oficina del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia en Miraflores, registran a más de 9 mil personas desaparecidas por Sendero Luminoso o de las Fuerzas Armadas, del total de 33 mil casos fatales. La cifra ha evolucionado de los 5.300 identificados por la CVR y de los más de 8.500 anunciados por la Defensoría del Pueblo el 2004. En la actualidad, los peruanos que faltan apenas figuran como anotaciones en el registro del RUV, mientras que sus restos descansan dentro de fosas que albergan huesos apócrifos, en nichos identificados por cruces mal pintadas o en el recuerdo de algún testigo desmemoriado.
En el olvido han muerto dos veces.
TODOS LOS NOMBRES. El Ojo que llora, monumento inaugurado el 2005 en el Campo de Marte, es considerado patrimonio cultural del Perú desde el 2013. / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La colección de data del RUV además permite identificar la región más golpeada por la violencia: La Mar, provincia ayacuchana conocida como Oreja del Perro, ubicada en la margen derecha del río Apurímac y casi inaccesible en los ‘80, fue víctima de las peores aberraciones durante el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y el Ejército. El día más brutal, del mes más sangriento, del año más convulsionado en aquellas décadas de luto, ocurrió el 28 de julio de 1984 en esta olvidada tierra. Aquella jornada se registraron más de 200 afectados por muertes, torturas, desapariciones, violaciones y desplazamientos a lo largo y ancho del extremo sur del mayor valle de la droga del país.
Nunca hubo un amanecer más convulsionado.
Ojo-Publico.com también estableció que la jornada única con mayor cantidad de muertos fue el 16 de julio de 1984. Aquel día, Sendero Luminoso, que asesinaba a lo largo y ancho del bucólico valle de Huanta y de las montañas de Cangallo y La Mar, perpetró una de sus operaciones más salvajes: la matanza de Soras, un pueblo del sur de Ayacucho. Actualmente, el Poder Judicial procesa a Abimael Guzmán y a su cúpula del terror por llevar la muerte a esta localidad.
Al cruzar los papeles del RUV, con los casos de la CVR y los expedientes del Poder Judicial se confirma que otras fechas con gran cantidad de víctimas fatales ocurrieron entre los años 1983 y 1993. Las mismas que coinciden con masacres conocidas como Lucanamarca y Accomarca (Ayacucho), y otras de notoriedad menor como las ocurridas en Anco, Umasi, Huayao, Chungui, Socos y Acosvinchos, ubicadas en la misma región; al igual que Tsiriari (Junín). La data rescata del olvido hechos y momentos que apenas son recordados en el calendario oficial del país. En estos tiempos, solo los deudos cargan el luto durante estas fechas.
No es extraño, incluso la actualidad se muestra indiferente con el recuerdo de lo ocurrido entre 1980 y el 2000. El 21 de noviembre del 2016, Guilherme Canela, alto representante del Programa Memoria del Mundo de la Unesco, vino a Lima y comparó el archivo del RUV con el diario escrito por Ana Frank antes de fallecer en un campo de concentración en Alemania y con los expedientes del juicio a Nelson Mandela en Sudáfrica. La que debía ser una ceremonia de celebración nacional por la elección de estos archivos como patrimonio documental de la humanidad, acabó siendo un evento casi secreto, con escasa presencia de público y completamente desapercibido para los medios de comunicación.