El Proyecto Memoria es un espacio dedicado a la investigación y el análisis de los datos de los 20 años de violación sistemática de los derechos humanos por parte de organizaciones terroristas y agentes del Estado. ¿Por qué hablar del pasado si una de las definiciones del periodismo se basa en la cobertura del presente? Porque muchos de estos hechos, abusos y denuncias aún no están resueltos. Todavía hoy existen decenas de procesos por violaciones de derechos humanos registrados en ese periodo, miles de personas desaparecidas, más de 6.878 lugares de entierro clandestino por exhumar y miles de víctimas por identificar.
La impunidad se sostiene en el olvido. Este espacio intenta convertirse en una plataforma periodística que narre desde el rigor de los datos –en tiempos de permanente manipulación política y falacias institucionalizadas– las historias pendientes que ocurrieron en el país entre 1980 y el 2000.
La construcción de una plataforma dedicada a la #Memoria ha sido una aspiración de Ojo-Publico.com desde su gestación, y hace cinco meses el proyecto comenzó a desarrollarse. Construimos y recopilamos todas las bases de datos existentes sobre el conflicto armado interno. Las bases de datos oficiales que elaboró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Registro Único de Víctimas (RUV), que incluye las víctimas individuales y las colectivas (5.697 comunidades), los anexos e informes de la Defensoría del Pueblo y los reportes estadísticos de la memoria del Consejo de Reparaciones, así como las correspondientes a los lugares de entierro clandestino. En total, hemos construido y analizado 10’225.680 datos.
La primera parte del trabajo consistió en sistematizar la información sobre las víctimas registradas y reconocidas como tal por el Estado. Desde la implementación del RUV hasta la fecha se han certificado 223.797 víctimas y familiares, y un total de 213.035 afectaciones (violaciones de derechos humanos). La base de datos que analiza y sistematiza el Proyecto Memoria corresponde precisamente a la información que tiene este registro.
Sin embargo, para el análisis sobre el perfil de las víctimas y la visualización del Mapa de la violencia solo se están considerando a las víctimas directas: 148.253 personas y el total de afectaciones. Una sola víctima puede haber sufrido varias afectaciones: pudo ser detenida arbitrariamente, luego torturada, violentada sexualmente y luego verse obligada a abandonar su comunidad (desplazamiento forzoso).
El equipo periodístico que estuvo a cargo del análisis de los datos y desarrollo del proyecto estuvo integrado por tres periodistas y dos programadores. Para la limpieza de datos se usó Google Refine y para el análisis se utilizaron librerias de Python y R, dos lenguajes de programación. La plataforma contiene reportajes, investigaciones y visualizaciones interactivas.
Sobre los conceptos
El RUV tiene su origen el 2005. En julio de ese año el Congreso de la República aprobó la ley que establecía el marco normativo del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia ocurrida entre mayo de 1980 (primer atentado de Sendero Luminoso en el distrito de Chuschi, Ayacucho) y noviembre del 2000 (ese mes Alberto Fujimori renuncia a la Presidencia a través de un fax enviado desde Tokio, el Congreso no lo acepta y lo destituyen por incapacidad moral).
La ley de reparaciones, promulgada luego por el presidente Alejandro Toledo, cumplía con dos de las recomendaciones más importantes del Informe de la CVR: crear un Registro Único de Víctimas (RUV) y establecer un plan de reparaciones. El registro depende del Consejo Nacional de Reparaciones y este a su vez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿Quiénes son las víctimas? El Proyecto Memoria toma la definición de víctima que establece la ley de reparaciones. “[Una] persona o grupo de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y desaparecidas” durante este periodo.
No son consideradas víctimas los miembros de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Para definir el periodo de violencia analizado en esta plataforma usamos la definición de la CVR: conflicto armado interno.
En algunos de los artículos, como ocurre con el Mapa de la violencia, usamos el término "casos" en lugar de "afectaciones". Estas fueron establecidas por el RUV en el siguiente orden de prioridad: fallecimiento (1), desaparición forzada (2), violación sexual (3), víctimas con discapacidad (4), tortura (5), violencia sexual (6), víctimas heridas o lesionadas (7), detención arbitraria (8), prisión siendo inocente (9), secuestro (10), desplazamiento forzoso (11), reclutamiento forzado (12), menor integrante de los Comité de Autodefensa-CAD (13), indebidamente requisitoriado (14) e indocumentado, que perdió sus documentos producto de algún hecho de violencia (15).
Limitaciones de la data
La CVR recibió reportes de aproximadamente 24.000 personas muertas o desaparecidas. De este total, 18.397 personas fueron identificadas con sus nombres completos (apellidos paterno y materno y nombre de pila) y finalmente se estableció casi 24 mil peruanos muertos o desaparecidos, aunque también hicieron una estimación que proyectaba hasta 69.000 el total de víctimas fatales.
Sin embargo, la base de datos del RUV, que usamos como punto de partida para el Proyecto Memoria, tiene inscritos hasta el momento más de 33.000 víctimas fallecidas y desaparecidas. ¿Por qué la diferencia entre lo estimado por la CVR y el registro de víctimas? El objetivo de la CVR era mostrar una radiografía de la violencia y el RUV buscó documentar y certificar a cada una de las víctimas, explicaron los especialistas del registro. Además precisaron que por el tiempo algunos familiares podrían haber fallecido sin acceder al registro de sus víctimas.
Para el familiar de una víctima que vive en una alejada comunidad de los Andes, pobre y sin acceso información, la posibilidad de registrar a su padre, madre, hermano o hijo se convierte en un esfuerzo titánico, casi imposible. Durante los primeros años del RUV, el gobierno hizo campañas en las regiones para promover el registro, pero estas luego dejaron de hacerse. En la actualidad no todas las municipalidades distritales tienen implementadas sus sistemas de inscripción. A esto se suma el poco presupuesto del sector. Para este año, el RUV tuvo una partida de solo 1’493.982 soles.
Proyecto Memoria busca entender desde la perspectiva del análisis de los datos lo ocurrido durante los años de la violencia terrorista.